Cepal: “Aumentó la pobreza en América Latina”

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La Cepal advirtió que la pobreza trepó un 35% en América Latina desde que el COVID-19 ingresó a la región.


La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) advirtió sobre el aumento de la pobreza y la indigencia en la región por la pandemia de coronavirus y estimó que el impacto de la enfermedad provocará también una mayor desigualdad en los países del área, entre ellos la Argentina.

Estos datos fueron dados a conocer en Santiago de Chile, con la difusión del tercer informe especial sobre “El desafío social en tiempos de Covid-19”.

El análisis alienta el “reforzamiento de las medidas existentes de protección social”, así como “un ingreso básico para satisfacer necesidades y sostener el consumo”.

La Cepal alertó que las poblaciones de la región más afectadas por los efectos socioeconómicos de la pandemia serán las de mujeres, estratos de ingresos bajos y medios-bajos, trabajadores informales, trabajadoras domésticas remuneradas, niños, niñas y adolescentes”.

El estudio prevé que “los mayores aumentos de la pobreza extrema se darían en México, Nicaragua y Ecuador”, mientras que “la pobreza en general aumentaría especialmente en la Argentina, México, Ecuador y Brasil”.

En ese marco, la pobreza en América Latina aumentaría al menos 4,4 puntos porcentuales (28,7 millones de personas adicionales) con respecto al año previo, por lo que alcanzaría a un total de 214,7 millones de personas (el 34,7% de la población de la región).

Entre estas personas, la pobreza extrema aumentaría 2,6 puntos porcentuales (15,9 millones de personas adicionales) y llegaría a afectar a un total de 83,4 millones de personas.

La Cepal estima que “se deterioraría la situación económica de al menos un 15% de estas personas: 16,7 millones pasarían a pertenecer a estratos de bajos ingresos, pero aún fuera de la pobreza, en tanto que 2,5 millones quedarían en situación de pobreza, principalmente no extrema”.

Para enfrentar los impactos socioeconómicos de la crisis, la Cepal propuso “que los gobiernos garanticen transferencias monetarias temporales (entre tres meses y un año) para satisfacer necesidades básicas”.

Fuente: Ámbito Financiero

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