¿Se viene el pedido de separación de la Iglesia del Estado?

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Las frases «no te metas», «para qué» y la paralización de una sociedad que no creía en las transformaciones parecen haber quedado atrás. Los movimientos feministas y juveniles están marcando en el país un nuevo rumbo mediante el que se consiguen las conquistas sólo si se lucha; y esa lucha se da en la calle. Luego de los avances impensados que ha dado la Argentina en materia de derechos e igualdad en estos últimos años, ha resurgido en estos días una nueva incógnita que se replica cada vez más en las redes sociales y en algunos medios de comunicación alternativos: ¿Se viene el pedido de separación de la Iglesia del Estado?

Para hablar de este tema es primordial saber primero que la Constitución Nacional Argentina describe en su artículo 2 que «el Gobierno federal sostiene el culto católico apostólico romano». A partir de allí, y puntualmente a mediados de marzo del corriente año, transcendió la información proporcionada por el mismo Jefe de Gabinete de Cambiemos, Marcos Peña. En un informe que brindó al Congreso de la Nación, comentó sólo en este 2018, el Estado Argentino destinó en su presupuesto a la Iglesia 130 millones 421 mil 300 pesos. Allí también detalló que «un obispo diocesano cobra 46.800 pesos mensuales; un obispo auxiliar, 40.950; un obispo emérito, 40.950; y los administradores apostólicos y diocesanos perciben 46.800 -igual que los obispos diocesanos», publicó el portal informativo Política Argentina.

Deviene entonces la pregunta de por qué los argentinos solventamos una iglesia particular como lo es la Católica Apostólica Romana, y no invertimos ese dinero en salud, educación, empleo, seguridad o las necesidades básicas que tenemos como seres humanos.

El pedido resurge, y decimos resurge porque ya se ha solicitado en innumerables ocasiones, con más fuerza hoy. Pero hay que destacar dos hitos importantes respecto a esta cuestión. El primero tuvo lugar el 4 de marzo de 1898, cuando ante la Asamblea Constituyente se presentó una petición con 22 mil adhesiones para que se suprima de la Constitución toda disposición sobre una religión determinada.

La segunda se produjo en el marco de la reforma constitucional de 1994, donde se pidió también la modificación del artículo 2 de la Constitución Nacional.

En medio, diversos sectores sociales han impulsado esa lucha. ¿Habrá llegado el momento de dejar de solventar con nuestros impuestos a una entidad religiosa? Sólo el tiempo dará respuesta a semejante interrogante.

 

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