Hoy, luego de que en el día de ayer se dictaminara la prisión domiciliaria de Milagro Sala, los medios de comunicación amarillistas y oficialistas salieron a criticar la situación.
Cadena 3 pone una foto de una hermosa mansión y habla de que está valuada en 3 millones de dólares. Analiza lo injusto que es y bla bla bla. Pero Cadena 3 no puso en su página una foto de la mansión hoy en día; esa casa, la cual no posee baño, ni luz, ni gas ni agua. ¿Qué condiciones de vida son esas, o acaso Mario Pereyra viviría así en su casa?
Por otro lado, en diario La Nación publicaron la voz del fiscal general que dice: “El fiscal General de Jujuy, Sergio Lello Sánchez, adjudicó la recomendación de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) de otorgarle a Sala ese beneficio a un «lobby político internacional» de la defensa de la líder de la organización Tupac Amaru. «Debe seguir» en la cárcel, sostuvo”.
¿Lobby político? Primero estaría bueno que no se confunda a la gente hablando con vocabulario que no se entiende, o por lo menos podrían aclarar de qué se trata: lobby político traducido significa grupo de presión, y es un colectivo con intereses comunes que realiza acciones dirigidas a influir ante la Administración Pública para promover decisiones favorables a los intereses de ese sector concreto de la sociedad.
Ahora bien, de esta manera se está difamando a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de dejarse manipular por grupos de presión políticos internacionales, dejando mal parado al fiscal general en todo el mundo.
Por otro lado, el gobernador de Jujuy, Gerardo Morales, pone en su cuenta de twitter: “Vergonzoso que una delincuente como Milagro Sala tenga el privilegio de prisión preventiva en su mansión construida con plata del pueblo”.
Para destacar, Sala no es una delincuente ya que la justicia no lo ha comprobado, y en Argentina toda persona es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Asi es que habría que informarle a Morales que Sala no es una delincuente, al menos por ahora. Además ni Morales, ni Pereyra, ni Lello vivirían en esa “mansión”, porque no se encuentra, bajo ningún punto de vista, en condiciones de ser habitada.
El juez que entiende en la causa, Gastón Mercau, sin querer beneficiar a Sala la está hostigando jurídicamente, asignando una vivienda inhabitable para que se de prisión domiciliaria a una persona a la que ni siquiera se le ha podido probar ningún delito.
Recordemos que esta medida no se tomó porque al juez le dio pena la situación de Sala, sino porque fue intimado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que por la situación de salud de la prisionera era mejor mantenerla al resguardo en un domicilio. Pero claro, la CIDH no aclaró que debía ser en una casa habitable. Se quedaron cortos muchachos, debieron haberlo especificado.
