La iniciativa enviada al Congreso propone limitar los beneficios de la Ley de Zonas Frías y excluiría a gran parte de Córdoba. En Calamuchita, advierten por el aumento en tarifas y un fuerte golpe a la actividad turística.

El gobierno de Javier Milei envió a la Cámara de Diputados un proyecto de ley que plantea un fuerte recorte en el régimen de subsidios al gas establecido por la Ley de Zonas Frías, una medida que podría afectar de manera directa a miles de hogares del valle de Calamuchita.

La iniciativa propone restringir el beneficio únicamente a regiones con frío extremo —como la Patagonia, Malargüe y La Puna— y a usuarios considerados vulnerables dentro del nuevo esquema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF). De avanzar, quedarían excluidas amplias zonas del país que actualmente reciben el descuento, entre ellas 13 departamentos de Córdoba, incluido Calamuchita.

En una región donde las bajas temperaturas durante gran parte del año obligan a un uso intensivo del gas para calefacción, la posible quita del subsidio encendió alarmas. El beneficio vigente permitía amortiguar el costo del servicio en localidades serranas, donde el invierno suele ser más riguroso que en otras áreas de la provincia.

Según el Gobierno nacional, el objetivo del proyecto es reducir el déficit fiscal y mejorar la eficiencia del sistema. Desde la gestión libertaria argumentan que el esquema actual es insostenible y que el recargo del 7,5% destinado a financiarlo no alcanza, generando desequilibrios en la cadena de pagos del sector energético.

Sin embargo, la medida implicaría un traslado directo del costo a los usuarios. En Calamuchita, donde muchas familias no encuadrarían dentro de los criterios de vulnerabilidad del SEF —que incluye a beneficiarios de programas sociales, veteranos de Malvinas o ingresos inferiores a tres canastas básicas—, el impacto podría traducirse en facturas significativamente más altas.

A este escenario se suma una preocupación adicional: el impacto sobre el sector gastronómico y hotelero, uno de los motores económicos de Calamuchita. Hoteles, cabañas, restaurantes y complejos turísticos dependen fuertemente del consumo de gas para calefacción y servicios básicos, especialmente durante la temporada invernal.

El incremento en las tarifas no solo elevaría los costos operativos del sector, sino que podría trasladarse a los precios, afectando la competitividad del destino. En una región donde el turismo es clave para la generación de empleo y movimiento económico, la quita del subsidio podría tener un efecto multiplicador negativo.

Otro cambio relevante es que el subsidio dejaría de aplicarse sobre el total de la tarifa y pasaría a calcularse únicamente sobre el precio del gas, lo que reduciría aún más el alcance del beneficio.

El proyecto también incluye otros puntos, como un mecanismo para regularizar deudas de distribuidoras eléctricas con Cammesa, la prórroga de beneficios impositivos para energías renovables hasta 2045 y la eliminación de regímenes de promoción para la producción de hidrocarburos.

Desde el Gobierno justificaron la iniciativa señalando la necesidad de una “segmentación adecuada” de los subsidios, basada en criterios socioeconómicos y en la responsabilidad fiscal. Además, destacaron los beneficios ambientales de fomentar energías más limpias.

No obstante, en regiones como Calamuchita, el debate ya se centra en las consecuencias concretas que podría tener la medida: un aumento en el costo de vida, mayor presión sobre los ingresos familiares y un golpe directo a la principal actividad económica de la zona, en un contexto donde el turismo resulta fundamental para su desarrollo.