Con la vigencia de la Ley 10.728, no solo se busca quitar las barreras que obstaculizan la participación de las personas con discapacidad en los ámbitos del Estado.
Con la implementación de la Ley Córdoba Inclusiva se planeta la conveniencia de abordar a la discapacidad desde una perspectiva de inclusión social, con foco en la accesibilidad, la participación, el reconocimiento de la diversidad y el respeto.
La Ley 10.728, sancionada con el apoyo de todos los bloques de la Legislatura cordobesa en el año 2020, define que su objeto es “la formación y capacitación obligatoria, continua, permanente y actualizada en el trato adecuado a personas con discapacidad y la accesibilidad universal de los espacios de dominio y uso públicos”. De allí, se desprenden instancias de aprendizaje que se imparten para los agentes de los tres poderes del Estado.
En estas capacitaciones, los contenidos se anclan desde un paradigma basado en derechos donde el concepto de discapacidad deja de ser “un atributo de la persona”, y se presenta como “una característica intrínseca de la condición humana, un hecho universal”, a la que toda la población está potencialmente expuesta.
Así lo afirma la doctora María Elisa Martínez Ottonello, coordinadora de las acciones que se desprenden del Programa Córdoba Inclusiva, dependiente de la Subsecretaría de Discapacidad, Rehabilitación e Inclusión, del Ministerio de Salud de Córdoba.
“La discapacidad es transversal a todos, en algún momento de nuestras vidas todos vamos a vivir una situación de discapacidad. Entonces, nos queda por delante generar una sensibilización en la población para favorecer la vida de las personas con discapacidad y equiparar sus oportunidades”.
Así, los Talleres de Trato Adecuado que coordina Martínez Ottonello, se presentan como oportunidades para aprender a transformar el desconocimiento y los modos excluyentes, en formas adecuadas de dirigirse a las personas con discapacidad.
