A pesar del impedimento dictado por el Gobierno Nacional, en el municipio dejaron sin trabajo a 8 profesionales de Salud y Desarrollo Humano. Hay sostenes de familia que se quedaron sin su única fuente laboral.
La Municipalidad de Villa General Belgrano viene presentando no solo una situación de emergencia económica, sino de crisis institucional. Hace aproximadamente dos semanas, la Secretaria de Gobierno, Verónica Wagner, fue removida de su cargo por un decreto firmado por el intendente Oscar Santarelli.
De ella dependía el sector de Desarrollo Humano (área similar a Desarrollo Social), que desde entonces fue trasladada al responsable de Salud, el Dr. Jorge Isaak, conformándose así el área de Salud y Desarrollo Humano. De este último sector son las 8 profesionales despedidas en la jornada de ayer, incumpliendo con lo dispuesto por el Gobierno Nacional al inicio del aislamiento social, preventivo y obligatorio de prohibir los despidos tanto en el ámbito público como en el privado.
«Las trabajadoras despedidas del Municipio de Villa General Belgrano exigimos que se nos aclare, de forma inmediata la situación laboral de todo el equipo del Área Social, entendiendo que la medida es ilegal habiendo un Decreto Nacional que prohíbe tal accionar. También exigimos que se dé respuesta a la comunidad de cómo se
continuará con la atención y seguimiento de las necesidades y situaciones en contexto de emergencia social y sanitaria, con menos de la mitad de profesionales y sin coordinación actual del Área», solicitaron hoy las damnificadas.
Dentro de las mismas hay trabajadoras sociales, abogadas y psicólogas que eran parte de un equipo interdisciplinario, y representan más del 50 % del personal con el que contaba este sector municipal.
Dada esta situación y a modo de solidaridad, la Subdirectora de Desarrollo y Acción Social, Lic. Jéssica Michea Duarte, presentó su renuncia indeclinable hasta tanto no se reincorporen a sus compañeras de trabajo. «Dicha decisión se fundamenta en los reiterados impedimentos encontrados en la labor que se me encomendara en su momento, tales como: las restricciones impuestas por Usted para acceder y articular acciones con Áreas Sociales tanto de la Provincia de Córdoba como de Nación; la decisión de no permitir que el Equipo Municipal de Género y Diversidades Sexuales, creado y dependiente de la Dirección a mi cargo, conmemorara el Día Internacional de la Mujer, ni siquiera a través de publicaciones virtuales; su solicitud verbal, de completar los formularios sociales requeridos por el Programa Vida Digna de la provincia de Córdoba sin entrevistar a las personas beneficiarias; su desestimación de la dirección al tampoco permitirle diseñar y llevar adelante las acciones pertinentes para la distribución y acompañamiento de las familias con dificultades socio alimentarias en esta época de Pandemia mundial y Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio a nivel nacional; y finalmente, el reciente despido de profesionales, sin siquiera comunicarlo a esta Dirección», detalla parte de la renuncia presentada ante Oscar Santarelli, remarcando situaciones similares a las que enumeró en su momento la ex Secretaria de Gobierno, Verónica Wagner, haciendo énfasis en la falta de posibilidad de debate con el Intendente.
De esta manera, profesionales que contaban con este único sustento económico, se quedaron sin su fuente laboral para seguir afrontando la difícil situación que se atraviesa en el día a día.
Una situación ilegal que preocupa
A los despidos masivos, se suma al debate la situación de quien actualmente es la segunda al mando en el área de Salud y Desarrollo Humano, Belén Catala. Según información proporcionada por el colectivo despedido, la misma fue denunciada en el 2013 por ejercicio ilegal de Trabajadora Social.
Ante esta preocupante situación, y porque es de público conocimiento representa un delito penal firmar informes socio-económicos sin estar matriculada, el Colegio de Profesionales en Servicio Social envió hace unos días la siguiente notificación dirigida al intendente Oscar Santarelli.
Córdoba, 09 de Abril de 2020
Municipalidad de Villa General Belgrano
Sr Intendente Oscar Santarelli
S____/______D
Desde el Colegio de Profesionales en Servicio social, nos dirigimos a Ud. y por su intermedio a quien corresponda, a fin de expresar preocupación, ante el planteo realizado en nuestra Institución por el que se da cuenta que una persona no profesional, de nombre Belén Catalán, estaría por ser designada, o estaría a cargo y eventualmente desempeñado funciones profesionales en el Área Social dependiente de su jurisdicción. Advertimos que tal desempeño se correspondería con ejercicio ilegal de la profesión, por lo que es nuestra responsabilidad hacer visible, controlar y denunciar.
Cabe recordar que en el año 2013 desde este Colegio Profesional realizamos una denuncia ante la Fiscalía de Río Tercero, en la que se encontraba involucrada la mencionada persona, por similar situación, oportunidad en que fue desafectada de sus funciones, con expresa indicación de no ser incorporada al Área social en el municipio.
De esta manera esperamos que desde su condición y responsabilidad de Intendente Municipal revise y repare esta situación, que no solo afecta derechos y funciones de colegas que debieran estar en dicho espacio, sino a los propios usuarios de los servicios. Es nuestro deber procurar que se evite el ejercicio ilegal de la profesión, toda vez que ello afecta no solo los intereses del colectivo que representamos, sino principalmente los de la ciudadanía que deben ser asistidos por profesionales formados y habilitados para intervenir en la disciplina de que se trate.
Dejamos expresa constancia que el Estado Provincial ha delegado en el CPSSPC por Leyes Provinciales 7341/42 del año 1985, la función de otorgar y controlar el Ejercicio de la Profesión en el ámbito de la Provincia de Córdoba.
La Ley 7341 en su Cap. II ART. 4 , establece “ Solo pueden ejercer la profesión del Servicio Social/Trabajo Social y ser matriculados y habilitados para ello: a) Las personas titulares de diplomas que habiliten para el ejercicio del Servicio Social/Trabajo Social expedidos por 1) Universidades Nacionales o Privadas reconocidas; 2) Institutos Superiores debidamente reconocidos y habilitados por autoridad educacional competente; b) Los profesionales que revaliden títulos equivalentes emitidos en el extranjero de acuerdo a las leyes nacionales vigentes en la materia.”
Y en su Capitulo IV art. 7 estipula que “desde la fecha de promulgación de la presente Ley, para todo cargo, empleo o comisión que requiera el ejercicio de la profesión de Servicio Social/Trabajo Social o su supervisión técnica directa, solo podrá designarse a las personas que se encuentran en las condiciones referidas en su art. 4 y que estén debidamente matriculadas”.
Vale aclarar también que desde 10 de diciembre de 2014 rige en todo el territorio Nacional la Ley Federal de Trabajo Social N° 27072 , la cual es de orden público, y regula el ejercicio de la profesión, estableciendo las Incumbencias Profesionales, los derechos y Obligaciones, siendo el Marco legal de referencia.
En función de lo Prescripto son requisitos legales que se deben solicitar para el ejercicio de la profesión:
-Fotocopia autenticada del título profesional de Lic. en Servicio Social/Trabajo Social, acorde a lo estipulado por la Ley Nacional Nº 27072 de Trabajo social (Art. 9 – Inc. 5), y del título de la especialidad si la tuviere, certificada/s por la institución que emite el título o por escribano público.
-Certificado de matriculación profesional expedido por el Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba, y condición de habilitación de la misma, acreditación de no registro de deuda.
-Informe del Tribunal de Disciplina del Colegio de Profesionales en Servicio Social de la Provincia de Córdoba sobre el registro de habilitaciones, vigencias, y sanciones.
-Estos dos últimos requisitos deberían ser actualizados anualmente.
Sin otro particular y esperando una conveniente receptividad a nuestra inquietud y preocupación por el encuadre de los/as profesionales al marco legal, y un ejercicio profesional responsable y ético, quedamos a la espera de que se tomen las medidas pertinentes, y a su disposición para ampliar lo aquí expuesto.
Sin más le saludamos cordialmente.
Lic. María Leonor Pepe Lic. Carolina Allende
Secretaria CPSSPC Presidenta CPSSPC
