OPINIÓN- Por estos días, el cerro de Calamuchita volvió a ser escenario de operativos que, más que sorprender, empiezan a repetir una lógica preocupante: la imprudencia como punto de partida.
Hay algo que ya no se puede disimular detrás del discurso del “accidente”. Muchos de los rescates recientes no responden a hechos inevitables, sino a decisiones evitables. Subir con alertas meteorológicas vigentes, sin el equipo adecuado o sin planificación, no es mala suerte. Es irresponsabilidad.
Y el problema no es solo individual.
Porque cada persona que decide ignorar las condiciones pone en marcha un engranaje que involucra a decenas de rescatistas: bomberos, baqueanos, personal de salud. Hombres y mujeres que salen, muchas veces de noche y con clima adverso, a resolver situaciones que nunca debieron ocurrir. El riesgo, entonces, se multiplica.
La pregunta es incómoda, pero necesaria: ¿por qué sigue pasando?
La respuesta parece estar menos en la falta de información y más en una cultura del “no pasa nada”. Esa confianza excesiva, esa idea de que la experiencia previa alcanza, de que el pronóstico puede fallar o de que “ya estamos acá, subimos igual”. Una cadena de decisiones pequeñas que termina en una situación límite.
Rescatar lo evitable también tiene un costo
Pero hay otro aspecto del que se habla poco: el económico.
Cada operativo de rescate implica un despliegue importante de recursos públicos. Movilización de vehículos, combustible, equipamiento técnico, comunicaciones, logística y, en algunos casos, hasta apoyo aéreo. A eso se suma el costo humano: horas de trabajo de brigadistas, bomberos voluntarios y personal de salud que dejan otras tareas para atender emergencias evitables.
Nada de eso es gratuito. Todo se financia con fondos públicos, es decir, con el aporte de toda la comunidad.
En operativos complejos, que pueden extenderse durante horas o incluso días, los costos se multiplican. Y aunque no siempre se cuantifican públicamente, el impacto es real: recursos que podrían destinarse a otras emergencias terminan absorbidos por situaciones generadas por negligencia.
El debate, entonces, empieza a ampliarse:
¿debe el Estado hacerse cargo de todos los rescates sin distinción?
¿o debería existir algún tipo de responsabilidad económica cuando hay imprudencia evidente?
No se trata de ponerle precio a una vida, pero sí de discutir hasta qué punto la irresponsabilidad individual puede trasladar sus consecuencias al conjunto de la sociedad.
Subir no siempre es la decisión correcta
El Champaquí no es un paseo. Es montaña. Y la montaña exige respeto.
Sin embargo, ese respeto parece diluirse frente a la lógica del turismo rápido, la foto en la cumbre o la improvisación. Se subestima el clima, el terreno, los tiempos. Se sobreestima el propio cuerpo. Y en ese desbalance aparece el problema.
Frente a esto, también cabe preguntarse si alcanza con recomendar. Porque claramente, no siempre alcanza.
Tal vez haya que empezar a discutir medidas más firmes: controles en los accesos, registros obligatorios, incluso sanciones cuando hay negligencia evidente. No para prohibir, sino para ordenar. No para desalentar, sino para cuidar.
Porque lo que está en juego no es solo la experiencia de quien decide subir. Es la vida de quienes después tienen que salir a buscarlo.
El Champaquí va a seguir ahí. Imponente, desafiante, atractivo. Pero cada rescate evitable deja en evidencia algo más profundo: el problema no es la montaña, es cómo elegimos enfrentarnos a ella.
Y subir igual, cuando no se debe, ya no es una aventura. Es una irresponsabilidad.
Excelente reflexión.
Una fórmula que puede ser fatal: ausencia del estado para ejercer control y orden + irresponsabilidad del turista en todas las modalidades de ascenso + desinterés por las posibles consecuencias sobre quienes arriesgarán sus vidas para el rescate + dilapidar recursos económicos que son el esfuerzo de todos los contribuyentes.
El resultado no puede ser peor, salvo cuando se pierden vidas.
Por suerte, está vez no ocurrió.