La vieja estrategia política representa un delito legal. Es que está prohibido acreditar un domicilio falso. En los municipios y comunas, las autoridades muchas veces incitan a que los realicen por pensiones, facilidades en la tramitación de carnets de conducir, entre otros beneficios, a cambio del voto. Éstos terminan definiendo las elecciones.
Hace años que intendentes y jefes comunales reciben a vecinos de otras localidades, por lo general cercanas, aunque a veces hasta de otras provincias, que llegan con demandas de todo tipo. Algunos para gestionar una pensión. Otros porque en las localidades más chicas pueden acceder, por ejemplo, a un carnet de conducir sin tener que pasar por las evaluaciones y pruebas de manejo que son obligatorias en los municipios.
Entonces se da que las autoridades responden a esas demandas, pidiendo a cambio la modificación del domicilio con la finalidad de conseguir votos. Cada cuatro años, cuando se celebran las elecciones locales, pagan inclusive hasta el transporte de esas personas para que lleguen hasta la localidad a sufragar, generándose una vieja trampa política. Es que a las elecciones las terminan definiendo electores que no residen en el lugar, y es imposible jugar de igual a igual contra el aparato oficialista.
La práctica es histórica y se repite a lo largo y a lo ancho del país. En pequeños poblados donde el número de electores no superan los 1000 votos, por ejemplo, un cúmulo de cien cambios de domicilio de este tipo terminan balanceando la votación en favor del mandatario de turno.
¿Qué hacer en estos casos?
Según la ley, esta realidad debe denunciarse ante el Poder Judicial de la Provincia de Córdoba o en el Juzgado Electoral Provincial. A decir verdad, y para quienes han encarado este tipo de trámites alguna vez, es bastante engorroso.
Los denunciantes deben acceder primeramente a un padrón electoral, los cuales están disponibles sobre la fecha de modificación de los mismos, por lo que los plazos son extremadamente cortos. Una vez analizado el padrón, quien desea denunciar estos casos, debe presentar una nota solicitando la intervención de la Justicia Provincial dirigiéndose a la ciudad de Córdoba, con un listado de personas que se desea sean revisadas.
El siguiente paso implica el envío de agentes a la localidad en cuestión a verificar las personas denunciadas vivan fehacientemente en el lugar que definen en sus DNI. Y con mucha suerte, aguardar que se expidan al respecto eliminándolos del padrón electoral e iniciando las investigaciones pertinentes para iniciar acciones legales contra los culpables.
Como es sabido, en tiempos de elecciones el Juzgado Electoral está saturado de trabajo, por lo que es sumamente improbable se accione en este sentido. Y en cuanto a la Justicia Provincial, ya de por sí vive sobre exigida en su labor.
En conclusión, los intendentes y jefes comunales oficialistas siguen ganando elecciones con personas que no residen en el pueblo o localidad, y que terminan definiendo el futuro del/la mismo/a sin conocer absolutamente nada de las realidades donde votan.
