Sin la aprobación de una Ley de Inquilinos (la cual tuvo estado parlamentario hasta fines del año pasado) queda sin protección un alto porcentaje de la sociedad que no tiene vivienda propia. Los jóvenes y los adultos mayores son las principales víctimas de esta falta de legislación.
En un contexto de volatilidad económica como la que atraviesa el país, los alquileres se han ido por las nubes. Sin una ley que contemple no sólo los derechos del inquilino sino también del propietario del inmueble, y determine reglas claras en este sentido, un amplio sector de la población nacional se ve afectada por esta cuestión.
Según la 3º Encuesta Nacional a Inquilinos, son los jóvenes y los adultos mayores quienes destinan más de la mitad de sus sueldos o jubilaciones a pagar por vivir bajo techo. Desde la Federación de Inquilinos Nacional describieron que estos grupos «destinan el 55% y 53% de sus ingresos en el pago del alquiler, respectivamente. Cabe señalar que esta información no incluye el pago de expensas, impuesto y tarifas de servicios públicos».
Gervasio Muñoz, presidente de la Federación de Inquilinos Nacional, afirmó: “Cada seis meses damos la misma noticia, que las condiciones de vida de las familias inquilinas continúan degradándose. Para decir lo contrario, no hay más opciones que fijar límites a los aumentos de precios y terminar con esta rueda de alquileres cada vez más caros e inquilinos cada vez más pobres”.
Teniendo en cuenta los relevamientos y los aumentos en los alquileres que no se condicen directamente por el incremento de la inflación, Muñoz evaluó: “Con alquileres que representan la mitad de los ingresos inquilinos, no queda margen para dilatar la aplicación de una fórmula de actualización que contemple la inflación y los ingresos salariales. En este punto se centra la oposición del mercado inmobiliario y de un sector de la dirigencia política a la Ley Nacional de Alquileres. De aprobarse, deberán resignar parte de su rentabilidad y aceptar que los precios se actualicen a la par de los indicadores económicos”.
Un último dato que habla de la fragilidad económica es el de rescisión de contratos, que representa al 30, 33% de los inquilinos que debieron hacerlo sólo en los últimos seis meses.
