La polémica medida del Gobierno Nacional que se dio meses atrás tuvo un nuevo capítulo cuando en septiembre la Justicia Federal había dictaminado que las pensiones por discapacidad debían restablecerse. Tal orden fue apelada para seguir con la suspensión de las mismas por parte del Ministerio de Desarrollo Social de la Nación, pero nuevamente la Justicia ordenó que vuelvan a ser otorgadas a quienes corresponden.
Lo hicieron los jueces de la Sala II de la Cámara, Dorado y Herrero, sosteniendo que no se puede dejar en desamparo «los derechos alimentarios e irrenunciables» de los beneficiarios.
Como dato importante el Gobierno Nacional sostenía que la medida de recortar las pensiones por discapacidad alcanzaba a unas 9700 personas mientras que la Asociación Red por los Derechos de las Personas con Discapacidad (REDI) había denunciado que afectaba a unas 170 mil, demostrando una vez más el desconocimiento y la falta de sensibilidad de las autoridades estatales.
