¿Alguna vez las autoridades que mandan a desalojar a decenas de familias habrán pasado frío, pero no ese frío que te da en la cara cuando salís a la calle, sino el frío que te penetra hasta los huesos y no te deja dormir?
Ese frío es el que están soportando en estos momentos unas 120 familias que fueron desalojadas el pasado viernes en Juárez Celman. Los vecinos del Barrio Parque Esperanza, a gritos y llantos, resistieron hasta donde pudieron el embate de las topadoras que destruyeron todo a su paso. La Policía de la Provincia de Córdoba, a su lado, reprimiendo ante la lógica reacción de quienes veían años de sus vidas demolerse.
Fue una jornada triste para los cordobeses pero mucho más para esas mujeres, esos niños, esos hombres que se quedaban literalmente en la calle, luego de hacerse efectiva una amenaza de desalojo que se venía postergando hace mucho tiempo. Con un modus operandi sorpresivo, deteniendo a los líderes más resistentes y enviándolos a comisarías distintas, las fuerzas policiales desarticularon la resistencia de quienes defendían lo suyo.
Pasó al mediodía. Y por la tarde, cuando varios regresaron a querer salvar las pocas pertenencias que quedaron en medio de la destrucción, la policía aprovechó para apresar a otros más. Esas 120 familias atropelladas hicieron responsable por los medios de comunicación y las redes sociales a la autoridad política Myriam Prunotto y por consiguiente al Gobernador de la Provincia, Juan Schiaretti. Pudo escuchárselo también al Ministro de Desarrollo Social de Córdoba, Hugo Tocalli, minimizando lo sucedido y aclarando todo fue en un marco de diálogo, donde además muchas familias ya habían sido reubicadas.
La falta de sensibilidad política frente a este desalojo en Juárez Celman es una muestra despiadada de que los negociados inmobiliarios pueden más que el bienestar de familias con hij@s. Y mientras esta lógica siga vigente, la política seguirá subordinándose al poder financiero, donde lo que prima es el capital y no los derechos humanos.
