Impulsada por las organizaciones que integran la Liga LGBTIQ+ de las Provincias y la Convocatoria Federal Trans y Travesti Argentina, junto a la diputada nacional Gabriela Estévez con más de 50 pares del campo nacional, popular, democrático y feminista, ingresará a la Cámara de Diputados el jueves 8 de noviembre.
“Este proyecto lo empezamos a trabajar con las organizaciones cordobesas en la campaña de 2015. Presentamos una primera versión en el 2016 a pocos meses de que asumí la banca”, contó Estévez. Luego de un proceso de organización más amplio, explicó que “este nuevo proyecto, es muy superador al anterior y que creemos que aporta una mirada más integral a otras propuestas que hemos conocido en este último tiempo. Su riqueza radica fundamentalmente en que fue construido de abajo hacia arriba, de forma participativa, colectiva y federal, y, lo más importante, por las bases sociales a las que está dirigido”.
Estadísticas de la realidad trans y travesti en Argentina
Si bien se tiene conocimiento de lo duro que ha sido históricamente la aceptación y la inserción social y laboral de este sector de la sociedad, los números son más que preocupantes. De distintos relevamientos surge que el 91 por ciento no tiene trabajo registrado, el 82 por ciento atribuye las dificultades para acceder a un empleo formal, a la discriminación por identidad y/o expresión de género. Otros datos marcan que un 45 % ejerce el trabajo sexual o está en situación de prostitución; superando el 85 por ciento en el caso de las mujeres y feminidades trans y travestis. El 64 por ciento no tiene cobertura de salud, el 58 % ha sido víctima de violencia institucional por parte de las fuerzas policiales, y la expectativa de vida para esta comunidad es de apenas 36 años de edad.
¿Qué propone la Ley?
Dentro de los puntos más importantes, la Ley Lohana Berkins declara la emergencia laboral, prohibiendo el despido de trabajadorxs trans y travestis por un periodo de 18 meses y dispone la reincorporación de lxs mismxs despedidxs en los últimos 3 años del Estado Nacional; la reserva del 1,5 por ciento de los puestos del sector público nacional para este colectivo, la institución de un sistema de becas de capacitación con el objetivo de ser empleadxs efectivamente al concluir la formación, y la creación de un programa de sensibilización sobre discriminación por identidad y/o expresión de género destinado a la administración pública y las empresas privadas.
