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Informe Especial: menores judicializados en Córdoba

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El siguiente informe especial hace referencia  a menores judicializados y en estado de vulnerabilidad en la provincia de Córdoba. La denuncia es realizada por Laura Flores y su esposo Andrés Vottero quienes otorgaron como prueba el expediente del caso. A continuación los detalles:

El programa Familias para Familias es llevado adelante por el Poder Ejecutivo de la Provincia de Córdoba que consta de entregar niños o adolescentes judicializados a familias que los contengan durante tres meses, plazo que puede ser renovable.

Este programa está diseñado para que el niño tenga un hogar mientras se define su situación. En ese periodo la Secretaria de la Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) debe buscar una familia para que se haga cargo del menor. Ésta debe ser familiar o cercana al niño. Luego de este proceso, si sigue sin familia el juez sentencia su adopción.

La ley argentina al respecto es clara: si el menor tiene familiares no debe darse en adopción, definiéndose como familia a grupo integrado por los progenitores, personas vinculadas al niño, por parentesco o familia ampliada. Además son incluidas aquellas persona que forman parte del circulo personal del niño.

Los menores judicializados o en estado de vulnerabilidad son sacados de su hogar por diversas razones como por ejemplo, si llega un niño al hospital herido o lastimado debe ser removido de su casa y dado a otra familia dentro del programa anteriormente mencionado.

Laura Alicia Flores en una ciudadana cordobesa que ingresó al plan en el año 2014 y en 2015 se le otorgó el cuidado de una niña judicializada con muchas posibilidades de quedar al cuidado de familiares directos que estaban dispuestas a hacerlo.

La tía de la menor fue negada a hacerse cargo de la niña y sus hermanos ya que la SENAF indicó que no era pertinente porque estaba embarazada y no se iba a poder hacer cargo de sus sobrinos pequeños, pero si de los más grandes.

En el caso de la abuela paterna que vive en el interior provincial y estaba en condiciones de llevarse a sus nietos, los informes se perdieron y nunca pudieron progresar con ellos.

A Laura y Andrés, su marido, los descartaron por no estar anotados en la lista de espera de adopción siendo que sí estaban inscriptos allí.

Hay que aclarar que estos niños tienen 25 tíos y ninguno fue citado ni informado por la SENAF ni el Poder Judicial de Córdoba. Además sus padres comenzaron un tratamiento contra la drogadicción y el alcoholismo en el IPAD (Instituto Provincial de Alcoholismo y Drogadicción), pero el juez dijo: “Esto no representa una situación superadora para obtener la restitución de sus hijos”, pero no ofreció pruebas de ello ya que nunca libró un oficio al IPAD para constatar esto.

El 4 de abril del año 2016 citaron a Laura ante el gabinete de adopción como algo de rutina. Ese día Laura no vio más a la niña. Desde allí le dieron las gracias por los servicios prestados y la despacharon sin poder despedirse de su hija. Los familiares biológicos de la menor tampoco la pudieron ver más, ni a ella ni a sus hermanos.

Los derechos de esta menor, al igual que el de muchos otros, fue vulnerado al prohibirle quedarse con sus familiares biológicos, al sacarla de la familia en guarda siendo que cumplían con todos los requisitos para su adopción y al no permitirle un periodo de adaptación a su nuevo hogar, además de no permitirle ni siquiera que visite a su familia biológica.

Esta familia buscó ayuda en el Defensor de los Derechos del Niño, quienes les dijeron que ellos no tenían jurisdicción; en UNICEF, quienes les respondieron que ellos se encargan del programa de educación; en el Poder Legislativo de Córdoba, pero el legislador que los atendió no tenía mayoría en la Unicameral por ello no podía hacer nada; en el Congreso de la Nación, que respondieron que la SENAF pertenece a Córdoba y ellos no pueden hacer nada; a la iglesia quien nunca respondió sus pedidos.

En agosto de 2017 la familia se dirigió a la Corte Suprema de Justicia en busca de respuestas y justicia para todos los menores de edad en situación de vulnerabilidad.

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2 comentarios en «Informe Especial: menores judicializados en Córdoba»

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