El glifosato es uno de los agroquímicos más utilizados en el país pero con alto grado de peligrosidad. Es por ello que Concejo Deliberante de Cosquín, prohibió su uso en el ejido municipal como las reservas principales de la zona.
El proyecto fue presentado por el concejal Raúl Cardinali, del bloque de Unión Por Córdoba, y dijo: «estos elementos químicos generan daño y perjuicio en la salud y que ya hace muchos años se viene utilizando en nuestro país».
«Pensamos en lo que significa la naturaleza de Cosquín, y por qué queremos convertirnos en otro municipio no fumigado. Queremos mostrar que pensamos en un mundo libre de estos elementos», dijo el concejal.
Mientras esto sucede en el interior del país y el mundo nuestra Corte Suprema mira para otro lado, se hace la desentendida y parece no importarle la tragedia que la argentina vive como consecuencia del envenenamiento masivo con 450.000.000 de litros de Glifosato por campaña de siembra esparcidos sobre doce millones de argentinos que viven en zonas rurales, sus alimentos y su suelo cada vez más pobre en nutrientes y minerales. Digo esto porque hace dos años que tiene en su despacho para resolver una medida cautelar en la que se le solicito la suspensión preventiva de las “fumigaciones” y/o el “etiquetado” de aquellos alimentos transgénicos producidos a base del uso del “glifosato”. Dicha cautelar se anexa a una demanda judicial colectiva masiva (acción de clase estilo americano) donde la clase somos “todos los argentinos”, -incluido usted- representada por un puñado de víctimas emblemáticas en la que se demanda a todas las empresas contaminantes, Monsanto, Bayer etc. un resarcimiento económico colectivo para todos los argentinos por el daño ocasionado a la salud pública y al ambiente además del daño moral colectivo, por haber convertido nuestro territorio (30 millones de hectáreas) en un campo químico experimental por más de 20 años a sabiendas de su peligrosidad para la salud pública y el ambiente, su insostenibilidad científica y económica, basado en la mentira y con el único fin de ganar dinero.
La causa se caratula “GIMENEZ ALICA FANNY Y OTROS C/ E.N – MONSANTO BAYER Y OTROS s/ DAÑO AMBIENTAL” EXPTE. 22339/2014 y 22336/2014, cuenta con el aval de dos Fiscales Federales y la Defensora de Menores ante la CSJN y ahora el Dictamen de los propios Peritos Oficiales de la Corte -sin embargo- su trámite duerme el sueño de los justos. Anhelamos que el máximo Tribunal deje de mirar para otro lado, asuma la responsabilidad que le cabe en el asunto, no ignore estos hechos y dilemas terribles, pues no es propio de hombres del derecho atentos a la realidad, a la vida cotidiana y sus conflictos. daniel@sallaberry.com.ar