Primeramente vamos a aclarar que no es la única vez que se utiliza la causa de la AMIA, hecho lamentable sucedido en la República Argentina, con fines políticos. Pero a medida que uno profundiza en esta temática, sin dejar jamás de contextualizar el momento difícil que atravesamos, es más sencillo entender que las acusaciones del juez Bonadío a la ex Presidenta y actual Senadora de la Nación electa, Cristina Fernández de Kirchner carecen de toda consistencia legal, convirtiéndolas en una especie de cortina de humo, que claramente intenta desviar los ejes de la discusión de la agenda pública actual.
Así y todo nos remitiremos a hechos concretos para graficar lo que estamos planteando. El 18 de julio de 1994, bajo la presidencia de Carlos Saúl Menem, se produce el atentado a la AMIA en la Ciudad de Buenos Aires dejando un saldo de 85 muertos y unos 300 heridos. 23 años después, el juez Bonadío acusa a la ex Presidenta, al ex canciller Héctor Timerman y a otros funcionarios públicos por “traición a la Patria y encubrimiento” por la firma del memorándum con el país acusado: Irán. Pero he aquí la primera gran pregunta, ¿dónde estaba el acusador y los acusados el día del atentado? En cuanto a Cristina Fernández de Kirchner era diputada provincial en Santa Cruz, Héctor Timerman era un periodista que vivía en el exterior y Claudio Bonadío era el Subsecretario de Asuntos Legales del entonces presidente Carlos Menem, quien respondía a Carlos Corach. Un par de días antes cambió de oficina, siendo nombrado juez federal en Comodoro Py. Él, junto a Menem y Corach, fueron denunciados años después por encubrimiento de la investigación del atentado.
El tiempo avanzó y un año después del atentado, Cristina Fernández asumió como senadora nacional, y en 1996 integró la comisión de seguimiento creada para el caso. En el 2001 denunció desde ese espacio las irregularidades en la investigación a cargo del juez Galeano, acusado de pagar 400 mil dólares al falso testigo Carlos Telleldín para desviar la investigación.
Actualmente se desarrolla el juicio por encubrimiento con nula cobertura mediática e intencionalmente tapado por el actual juez Bonadío, y en el cual se encuentran imputados Carlos Menem, Fino Palacios, Hugo Ansorregui, Juan José Galeano, Rubén Beraja y Carlos Telleldín, entre otros. Galeano comparte orígenes con Bonadío, ya que llegaron a Comodoro Py de la mano de la tristemente célebre, recordarán los memoriosos, “servilleta de Corach”, denunciada mediáticamente en ese momento por el periodista Jorge Lanata. Bonadío fue denunciado en el Consejo de la Magistratura por negarse a investigar a Menem, Corach, Palacios y Galeano (se preguntará usted por qué aunque ya sabe la respuesta) por el encubrimiento a la AMIA.
Recordemos entonces que en 2005 le quitaron la causa a Bonadío por ser JUEZ Y SOSPECHOSO al mismo tiempo. En 2010, fue denunciado además por el fiscal Alberto Nisman por integrar una asociación ilícita junto a Palacios y Corach para apartarlo de la investigación de la AMIA. Extraño que Bonadío sea el mismo que impulsa la denuncia de Nisman.
Adentrémonos ahora en lo que dice la denuncia en cuestión. La hipótesis de la denuncia presentada en enero de 2015 sostiene que el Estado Argentino firmó un memorándum de entendimiento con Irán, aprobado además por el Congreso de la Nación como parte de un plan de encubrimiento que constituiría el delito de “traición a la Patria”. El supuesto delito tiene dos móviles: por un lado hacer caer las notificaciones rojas sobre los acusados iraníes y por otro lado, hacer negocios con Irán. El memorándum no establecía en ninguno de sus puntos la caída de las alertas. El entonces jefe de INTERPOL, Ronald Noble dijo: “Lo que dice el fiscal Nisman es falso. Ningún integrante del gobierno argentino trató nunca de que bajáramos las alertas rojas”. Esa denuncia sostiene también que el memorándum es parte de un acuerdo económico. Sin embargo, el saldo del intercambio comercial entre los dos países fue el más bajo en 5 años. Entonces, no sólo son falsos los móviles del delito en la denuncia sino que directamente no hay delito. El memorándum de entendimiento tampoco entró en vigencia nunca por la falta de aprobación en el Congreso de Irán, lo cual es fundamental en un pacto de estas características. Vale preguntarse entonces, ¿cómo se dio entonces el cambio de granos argentinos por petróleo iraní? O ¿cómo se negoció la caída de las alertas rojas que INTERPOL nunca recibió? Sencillo. Esto jamás existió.
Hay que saber además que después de presentarse esta denuncia impulsada por Bonadío, 5 de 7 jueces federales desestimaron la misma por falta de pruebas e inexistencia de un delito ante un hecho no judiciable. Interesante analizar entonces por qué Bonadío siguió adelante y por supuesto que habría que evaluar la posibilidad de que sea lo planteado al comienzo: una mera cortina de humo, a un mes de empezar a cobrar una cuantiosa jubilación desde el 1 de enero, respondiendo a los intereses mediáticos y de deslegitimación de la imagen de Cristina Fernández de Kirchner a punto de ingresar al Senado de la Nación.
Ahora que ya hemos desglosado toda esta información, tienes herramientas para debatir desde cualquier ángulo y darte cuenta que no se puede defender lo indefendible. El mismo juez que fue denunciado dos veces por Nisman por encubrir el atentado, por intentar apartarlo de la investigación e incluso querer atentar contra su propia vida; el mismo juez apartado de la causa AMIA por ser sospechoso de encubrimiento; el mismo juez puesto en ese lugar por Menem y escrachado mediáticamente por formar parte del listado de la servilleta de Corach; el mismo juez denunciado por sus vínculos con el Fino Palacios; el mismo juez que está denunciado 50 veces ante el Consejo de la Magistratura y aún así sobrevivió a seguir firme en Comodoro Py, es el mismo juez que hoy responde a Macri y pretende retirarse con honores.
