Los afectados son trabajadores del Parador Almirante Brown de Villa del Dique, la Colonia Miraflores de Santa Rosa de Calamuchita y la Hostería de Villa General Belgrano.

Tres establecimientos de Calamuchita afectados

El conflicto tiene un impacto directo en tres localidades del valle. Según el relevamiento difundido por ATE Córdoba, la situación laboral de los establecimientos era la siguiente:

Parador Almirante Brown – Villa del Dique

• 20 trabajadores de planta permanente.
• 10 trabajadores contratados.
• Total: 30 empleados.
• Pasará a depender de la Armada Argentina.

Colonia Miraflores – Santa Rosa de Calamuchita

• 8 trabajadores de planta permanente.
• 19 trabajadores contratados.
• Total: 27 empleados.
• Pasará a depender de la Fuerza Aérea Argentina.

La Hostería – Villa General Belgrano

• 5 trabajadores de planta permanente.
• 9 trabajadores contratados.
• Total: 14 empleados.
• Pasará a depender del Ejército Argentino.

En conjunto, los tres establecimientos reúnen 71 puestos de trabajo: 38 corresponden a personal contratado y 33 a trabajadores de planta permanente.

La cronología del conflicto

9 de septiembre: ATE declara el estado de alerta.

El gremio advirtió sobre el futuro de los hoteles y residencias que dependían de la obra social. Solicitó una audiencia ante el Ministerio de Defensa y reclamó garantías para los trabajadores de los establecimientos incluidos en su relevamiento provincial.

1 de octubre: protestas y primeras notificaciones.

La incertidumbre se profundizó cuando los trabajadores recibieron comunicaciones sobre la finalización de contratos y el posible pase a disponibilidad del personal permanente. Hubo protestas simultáneas en los complejos turísticos de Córdoba. También se conoció el reclamo del intendente de Villa del Dique, Emiliano Torres, quien expresó su preocupación por la situación laboral del personal del Parador Almirante Brown.

Octubre: una prórroga de 60 días.

Tras las medidas de fuerza y los reclamos sindicales, se abrió un período de espera de 60 días para los trabajadores contratados. La medida llevó momentáneamente tranquilidad a los establecimientos, aunque no resolvió la incertidumbre sobre su continuidad laboral.

29 de octubre: preocupación en la Legislatura.

La situación llegó a la Legislatura de Córdoba, donde se expresó preocupación por el destino de los trabajadores civiles de los complejos turísticos y se reclamaron garantías laborales ante el traspaso de los establecimientos a las Fuerzas Armadas.

5 de noviembre: ATE lleva el reclamo a la Legislatura.

Una delegación sindical se reunió con la legisladora radical Alejandra Ferrero para plantear la preocupación por más de 400 puestos de trabajo en Córdoba vinculados a la ex IOSFA. La legisladora se comprometió a realizar gestiones ante el Ministerio de Defensa.

6 de noviembre: nuevas notificaciones de desvinculación.

La situación volvió a agravarse cuando la OSFA notificó alrededor de 1.400 desvinculaciones a nivel nacional. Los trabajadores que habían sido incorporados como parte de la denominada dotación inicial recibieron comunicaciones que primero restablecían su condición de contratados y, horas después, informaban que sus vínculos finalizarían el 30 de noviembre.

7 de noviembre: ATE advierte por 450 puestos laborales en Córdoba.

La dirigente sindical Marcela Chávez señaló que alrededor de 450 trabajadores de la provincia podrían quedarse sin empleo como consecuencia de la reestructuración. También explicó que los trabajadores de planta permanente histórica pasarían a disponibilidad durante seis meses, período en el que se debería procurar su reubicación.

El futuro de los establecimientos y el impacto en las localidades

Uno de los aspectos centrales del conflicto es que el traspaso administrativo de los complejos turísticos a las Fuerzas Armadas no garantiza la continuidad de los trabajadores civiles que actualmente cumplen funciones en ellos.

La reorganización establece que cada fuerza militar deberá hacerse cargo de los establecimientos que históricamente estuvieron bajo su órbita. De esta manera, el Parador Almirante Brown volverá a la Armada, Miraflores a la Fuerza Aérea y La Hostería al Ejército.

A partir de ese cambio, cada fuerza deberá resolver cómo continuará la actividad turística, si mantendrá los servicios y bajo qué modalidad funcionarán los complejos.

La preocupación excede el ámbito laboral. Se trata de establecimientos con una larga trayectoria en el turismo de Calamuchita, que generan puestos de trabajo y movimiento económico en las localidades donde están ubicados.

Por ahora, la principal incertidumbre está puesta en el futuro de los 71 trabajadores de los tres complejos del valle y en las decisiones que adoptarán las autoridades militares de cara a la temporada de verano.